La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha detallado esta mañana las principales novedades de la futura Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género en Castilla y León. Un compromiso del Ejecutivo autonómico y del presidente Alfonso Fernández Mañueco en la lucha contra la violencia machista.
La nueva norma amplía la protección a las víctimas al reconocer nuevas formas de violencia, promover una mejor y más efectiva detección y prevención de estas situaciones y favorecer una atención más universal, así como el restablecimiento de los derechos vulnerados a las víctimas.
El texto es fruto de un intenso trabajo del Gobierno autonómico con el Diálogo Social, las entidades públicas y privadas que forman parte del sistema de Servicios Sociales y que intervienen tanto en la prevención como en la atención a víctimas de violencia de género y las que conforman el entramado de las Redes por la Igualdad.
En total, 78 organizaciones y un centenar de profesionales han participado en la elaboración de este anteproyecto de ley que se estructura en cinco títulos, 69 artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Se trata de un texto que busca seguir evolucionando y adaptar la ley autonómica a la realidad actual y a la nueva normativa internacional, europea y nacional dictada en los últimos años.
La confección de este texto se sustenta en tres pilares. El primero es la propia actualización de la norma para dar encaje en ella a la realidad social vigente. Esto supone regular las nuevas formas de violencia de género que han ido emergiendo en los últimos años y, en consecuencia, extender el paraguas protector a las víctimas.
En segundo lugar, el texto incide en la prevención, detección y evaluación como herramientas fundamentales para avanzar en la lucha contra la violencia de género. Tareas en las que implica al conjunto de la sociedad civil –para consolidar una cultura de rechazo hacia la violencia de género– y al propio agresor –al que convierte en destinatario de medidas preventivas, de sensibilización y atención–.
El tercer hito de la nueva norma es la modificación de los modelos de atención a las mujeres víctimas, al pasar de un enfoque exclusivamente asistencialista a otro más avanzando que incluye el apoyo en los procesos para la recuperación de su autonomía personal y la restitución de sus derechos vulnerados.
