Este decreto-ley tiene por objeto establecer una serie de medidas encaminadas a la eliminación de trámites administrativos, la proporcionalidad del régimen de intervención y la reducción de plazos, especialmente en aquellas normas que pueden dificultar el acceso o ejercicio de una actividad económica.
La finalidad de este decreto-ley es agilizar los procedimientos y simplificarlos para reactivar la actividad productiva en Castilla y León, crear empleo, contribuir a la reconstrucción del tejido económico y productivo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León tras la desaceleración económica producida por la crisis sanitaria de la COVID-19.